PROYECTO DE LEY SOBRE EL COLEGIO DOMINICANO DE INTÉRPRETES JUDICIALES – Expediente No. 01621

ANTEPROYECTO DE LEY QUE CREA
EL COLEGIO DOMINICANO DE INTÉRPRETES JUDICIALES (CODIJ)

CONSIDERANDO: Que la comunidad profesional dominicana entiende que una de las formas viables de organizar y de regular el ejercicio de las respectivas profesiones, de modo que cumplan la función social a las que están destinadas, mediante ejercicio estricto apegado a la ley y a los imperativos éticos propios a cada una de ellas, es la colegiación de los sectores profesionales;

CONSIDERANDO: Que la colegiación profesional permite establecer una fiscalización democrática del ejercicio de las profesiones liberales;

CONSIDERANDO: Que la colegiación es la forma que se ha dado en los países democráticos y de desarrollo institucional, en los diversos sectores profesionales, para dotarse de una herramienta que los regule social y efectivamente;

CONSIDERANDO: Que en este sentido existe en República Dominicana la Asociación de Traductores e Intérpretes de la República Dominicana, la Asociación de Intérpretes Judiciales de Santiago y la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario que mediante la ley se establezcan las pautas de estas instituciones.

CONSIDERANDO: La trayectoria responsable, profesional, limpia y de labor ininterrumpida de las Asociaciones
Dominicanas de Intérpretes Judiciales;

CONSIDERANDO: Que actualmente estas instituciones tienen una membrecía de más de quinientos (500) miembros activos;

CONSIDERANDO: Que es de suma importancia para el país la labor profesional, por la delicadeza y responsabilidad, que conlleva el ejercicio del Intérprete Judicial en la sociedad dominicana y el mundo;

CONSIDERANDO: Que la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales, es una de las instituciones que mantiene uno de los más sólidos vínculos internacionales con muchas instituciones públicas, oficiales y particulares del mundo, y fundamentalmente la Federación Internacional del Traductores (FIT), entre otras;

CONSIDERANDO: Que muchos miembros de la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales, Inc., desempeñan funciones de importancia en muchas instituciones y foros internacionales;

CONSIDERANDO: Que en la mayoría de los países democráticos en todo el mundo existen por ley la colegiatura de los Intérpretes Judiciales como forma de garantizar la labor que realizan;

CONSIDERANDO: Que en nuestro país existen precedentes de colegiatura profesional como son los casos de: Colegio Dominicano de Notarios, Colegio de Abogados de la República Dominicana, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA); Colegio Médico Dominicano (CMD); Colegio Dominicano de Contadores Públicos (CODOCON), Colegio de Periodistas (CDP), Colegio de Médicos Veterinarios, Colegio Dominicano de Enfermeras entre otros;
VISTO: El decreto 33-2013 del 23 de enero de 2013, que declara el 30 de septiembre de cada año como “Día Nacional del Intérprete Judicial”.
VISTA: La Resolución 01-2013 del Consejo del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Ley No 821 del 21 de noviembre de 1927, Organización Judicial y sus modificaciones
Ley No 327-98 de Carrera Judicial, en especial el Artículo 80.- Se modifican los Artículos 99 y 113 de la Ley 821, de 1927 (Ley de Organización Judicial) para que se rijan por los siguientes textos.
“Artículo 99.- Los intérpretes judiciales serán designados por la Suprema Corte de Justicia”.
CONSIDERANDO: Que este proyecto de ley ha sido concertado como máxima aspiración de todos los Intérpretes Judiciales del país.
VISTA: La Declaración Universal de los Derechos Humanos;
VISTA: La Declaración Americana de los Derechos Humanos, Artículo 8 acápite 2;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, en sus artículos 8, 29, 40.3, 47, 48 y otros;
VISTA: La sentencia TC/0163/13 del Tribunal Constitucional que declara constitucional la colegiatura obligatoria.
“Art. 112. Capacidad. Solo pueden ser defensores los abogados matriculados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y debidamente juramentados ante la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las reglas especiales de la representación en los casos de cooperación judicial internacional.”
Vista: La Sentencia del Tribunal Constitucional que declara constitucional el estar al día para poder ejercer el derecho a voto en un Colegio Profesional…..
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1. Se crea el Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales como institución moral de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con los derechos, atribuciones y obligaciones que le confiere la ley.
Art. 2. El Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales, estará integrado por todos los Intérpretes Judiciales existentes en el país de conformidad con la ley, así como por los que en adelante cumplan con los requisitos de esta ley y de la ley No 327-98 en su Art. 80 que modifica el artículo 99 de la ley Ley 821 de 1927
Art. 3. Para poder ejercer su profesión, además de los requisitos establecidos en otras leyes, los Intérpretes Judiciales deberán inscribirse en el Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales, dentro de los cien (100) días siguientes a la promulgación de esta ley. El Colegio establecerá, en coordinación con el Consejo del Poder Judicial las regulaciones que aseguren el fiel cumplimiento de esta ley.
Párrafo. Los Intérpretes Judiciales, a partir de la presente ley, deberán consignar en todas sus traducciones legales que realicen y que intervengan como tales, el número de su colegiatura o (número nacional de auxiliar de la Justicia NNA) y el enlace de su perfil en la página web del Poder Judicial.
Art. 4. EL Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales tendrá los siguientes órganos de dirección y control: La Asamblea General y el Consejo Directivo.
Art. 5. La Asamblea General es el órgano máximo de Dirección del Colegio Dominicano de Intérpretes judiciales, y estará constituida por todos los miembros que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones y en el pleno ejercicio de sus derechos como Intérprete Judicial y como miembro del COLEGIO DOMINICANO DE INTÉRPRETES JUDICIALES.
Art. 6. El Consejo Directivo es el órgano de dirección ejecutiva del Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales y estará constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero y un vice tesorero. Serán elegidos cada cuatro (4) años por la asamblea. El presidente es a su vez, presidente del colegio y no podrá ser reelegido inmediatamente (Según el Modelo de la Constitución Actual).
Art. 7. Los reglamentos del Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales, (CODIJ) así como sus modificaciones, deberán ser ratificados por la Asamblea.
Art. 8. El Colegio de Intérprete judiciales tendrá su sede en la capital de la República, debiendo establecer delegaciones o filiales en todas las cabeceras de provincias del país, donde ejerzan los Intérpretes Judiciales, de conformidad con las disposiciones de un reglamento interno.
Art. 9 El Colegio de Intérpretes Judiciales tendrá como fines principales:
a) Regular y vigilar el correcto ejercicio profesional de sus miembros en todo el territorio nacional, para protección de los intereses del Estado, de sus instituciones y de la ciudadanía;
b) Cuidar de los intereses generales de la institución del Intérprete Judicial, de los derechos, deberes, mejoramiento profesional y conquistas de sus miembros;
c) Propiciar y defender la dignidad y ventajas del intérprete Judicial, procurando su difusión y efectiva aplicación de todas las instituciones nacionales;
d) Gestionar el establecimiento y aplicación de normas y reglamentos que garanticen el cumplimiento de la ley del intérprete judicial y de la presente ley, en las instituciones del Estado, autónomas o privadas;
e) Propugnar por la creación de la carrera de Interpretación Judicial en las universidades del país;
f) Sugerir las modificaciones que se consideren necesarias a la ley No Ley 821, de 1927 y 327-98, sobre Intérpretes Judiciales y a cualquiera otra disposición legal que incida en el ejercicio profesional del Intérprete Judicial;
g) Fomentar las actividades científicas, técnicas y artísticas, y realizar cualquiera otra que considere conveniente a los intereses nacionales y de los Interpretes Judiciales.
Art. 10. Los Fondos necesarios para sufragar los gastos y actividades del Colegio de Intérpretes Judiciales provendrán de los derechos de inscripción, de las cuotas y contribuciones periódicas de sus miembros. Igualmente, se creará un recibo por valor de cien pesos (RD$100.00), por concepto de legalizaciones y registro de traducciones en todos los actos traducidos en la Procuraduría General de la República, el cual se creará en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos y establecidos previamente o por cualquier otro medio lícito, de los porcentajes deducidos de los trabajos asignados a través de o con la participación del Colegio, así como de cualquier otro ingreso permitido por la ley. La cancelación oportuna de esos derechos, cuotas y contribuciones, es obligatoria para todos sus miembros.
Art. 11. A partir de la promulgación de la presente ley, todos los trabajos y actos provenientes del Estado, de sus dependencias e instituciones autónomas, o de entidades comerciales en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, que deban ser traducidos por Intérpretes Judiciales, deberán ser distribuidos equitativamente entre todos los Intérpretes Judiciales del país, en sus respectivas jurisdicciones. Dicha distribución se hará por mediación del Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales, el cual deberá dictar un reglamento de distribución de trabajos a traducir del Estado, en base a un riguroso sistema de rotación entre sus miembros.
Las interpretaciones en las Cortes serán asignadas equitativamente entre los miembros del CODIJ y remuneradas según el tarifario aprobado al efecto por el Consejo del Poder Judicial.
Las anteriores disposiciones no incluyen ni se refieren a las relaciones de los Intérpretes Judiciales con personas físicas o morales privadas.
Art. 12. Los fondos provenientes del recibo por traducciones serán liquidados por la Suprema Corte de Justicia, los cuales servirán para la creación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Intérprete Judicial Dominicano y las actividades propias del Colegio.
Art. 13. En el caso de los intérpretes judiciales que reciban remuneraciones del Estado Dominicano en calidad de empleados, asesores igualados, tal prohibición sólo referiría a las traducciones que se generen en la dependencia estatal que presten servicios, pudiendo participar en traducciones originados en otras dependencias del Estado con las cuales no estén ligados como tales.
Art. 14. El Colegio Dominicano de Intérpretes judiciales queda obligado a rendir al Consejo del Poder Judicial, cada año, cuenta detallada de la distribución de los trabajos provenientes del Estado, de los ingresos por ese concepto y por la aplicación de los recibos de la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) cuando se crearen éstos.
Art. 15. El Colegio Dominicano de Intérpretes judiciales, mediante la presente ley queda investido con la calidad de asesor del gobierno dominicano en materia de traducciones.
Art. 16 Se modifican los artículos 99 (modificado por el artículo 80 de la ley de carrera judicial 327-98), 100, 104 de la Ley 821, de 1927 (Ley de Organización Judicial) para que se rijan por los siguientes textos:
“Artículo 99: Los intérpretes judiciales son nombrados por el Consejo del Poder Judicial”
“Artículo 100.- Los Intérpretes Judiciales deben ser dominicanos o residentes legales por más de dos años con permiso de trabajo (Ver Reglamento de Migración), mayores de edad, dominar las competencias lingüísticas del español y de un idioma diferente al español del cual posea acreditación habilitante (Par Lingüístico); y ser de buenas costumbres”.
“Artículo 104: Los intérpretes Judiciales llevarán un registro autorizado por el juez de primera instancia y foliado, el cual anotará sumariamente, por orden de fecha, las traducciones que hicieren, este podará ser en formato digital, y debe ser depositado anualmente en el Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales, para su archivo. Con especial indicación del lugar, la fecha, el número y el folio del registro, así como el número del recibo de Rentas Internas aplicados y cancelado”
El CODIJ legalizará las firmas de los Intérpretes Judiciales, en caso que el documento necesite ser APOSTILLADO por la Cancillería Dominicana. (El secretario del CODIJ tendrá un banco físico y digital con todas las firmas de sus miembros. Legalizará las firmas de los IIJJ, a su vez la firma del Secretario del CODIJ, estará registrada en la Cancillería de la República para fines de APOSTILLAR los documentos firmados por este.
Art. 16. La edad máxima para ejercer las funciones de Intérprete Judicial es de 65 años. Una vez alcanzada esa edad el Intérprete Judicial podrá optar por una pensión si no esta pensionado en otra institución u organismo.
Art. 17. Los Intérpretes de Señas debidamente acreditados como tal por un organismo competente, quedan integrados como Intérprete Judiciales, previa aprobación del CPJ.
Art. 18.Transitorio.
Los estatutos de la actual Asociación Dominicana de intérpretes Judiciales, Inc., regirán provisionalmente el Colegio de Intérprete Judicial, creado por la presente ley, hasta tanto ésta sea promulgada. La actual directiva del Colegio de Intérpretes judiciales, Inc., regirá los destinos del Colegio creado por esta ley, hasta que finalice el período para el cual fue electa la directiva vigente.
Art. 19. La presente ley modifica o deroga cualquier otra disposición legal que le sea contraria.